Una comisión presidencial del gobierno estadounidense determinó que investigadores federales debieron haber sabido que estaban violando reglas de ética al infectar con sífilis a reos de prisiones guatemaltecas y a pacientes mentales en la década de los 40. Es cierto que esta noticia no es nueva, porque el gobierno de Estados Unidos ya se disculpó el año pasado por la atrocidad cometida contra esos ciudadanos centroamericanos, sólo descubierta décadas después por académicos.
Lo preocupante es que las primeras conclusiones de la comisión investigadora establecida por el Presidente Obama, oficialmente llamada la Comisión Presidencial de Estudio de Temas Bioéticos, demuestran que hubo una clara intención de encubrir los hechos por parte de los científicos estadounidenses en ese entonces, conscientes de que sería un escándalo si se conociera públicamente.
El experimento de hace siete décadas era para probar la penicilina, pero la comisión determinó que no existen excusas sobre la forma en que se realizó el estudio, sin consideración de los 700 pacientes que fueron brutalmente expuestos a una cruel enfermedad sin mayor conocimiento. La comisión presentara un informe final en diciembre.

 

 En UNIVISION.COM esta semana…

Al no ser México un ‘país en guerra’, las solicitudes se han estancado en USCIS…Al esposo de Leticia lo secuestraron en Tijuana a mediados de septiembre de 2009 y hasta la fecha nada se ha sabido de su paradero, a pesar de que la familia pagó más de 15 mil dólares para que lo liberaran."Lo más seguro es que ya esté muerto", dice resignada.Temerosa hasta de los mismos policías que "investigaban" el caso y tras las constantes llamadas anónimas que le advertían que dejara de hacer ruido, "Leticia" tomó a sus tres pequeños hijos y se entregó a las autoridades de inmigración al cruzar sin documentos por la frontera de San Ysidro.Era noviembre de 2009 cuando ella pidió el asilo. Un año y cinco meses después, en abril de este 2011, un juez de inmigración le negó la petición y cerró el caso, aunque no le ordenó salir del país.

Crece número de casos

Casos como el de "Leticia", que huyen de México para pedir refugio en Estados Unidos, han ido en aumento desde 2006, cuando Felipe Calderón tomó posesión como presidente y declaró la que muchos consideran como una fallida guerra contra el narco.

En ese año el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) recibió 1,366 solicitudes de asilo, mientras que en los seis primeros meses de 2011 ya llevan registradas 2,849 peticiones.

Sin embargo, la cifra de quienes resultan beneficiados con ese tipo de protección se ha mantenido estable, solo entre el 4% y 5% son aprobadas.

"Es muy difícil que los mexicanos puedan obtener el asilo", expuso la abogada Noemí Ramírez. "Porque se debe demostrar que la persona corre peligro en su país por cinco razones: opinión política, religión, nacionalidad, origen o por pertenecer a un determinado grupo social".

Números desconocidos

Sin un estimado de cuánta gente esté huyendo de México debido a la violencia, abogados de inmigración hablan de un considerable incremento durante los cinco años del presidente Calderón.

Recientemente el abogado Carlos Spector, quien defiende a un grupo de periodistas en busca de asilo, declaró a la prensa que alrededor de 100 mil personas han huido de Ciudad Juárez, Chihuahua, a El Paso, Texas.

Precisamente en El Paso se ha conformado un grupo llamado "Mexicanos en el exilio", integrado por activistas y periodistas que abandonaron su país por la inseguridad.

La narcoviolencia

No obstante que la "narcoviolencia" es el factor principal de su exilio, el gobierno estadounidense no los está aceptando, porque no considera a México como un país en guerra.

"La violencia por cuestiones de droga, la situación por la que pasa México, realmente no es una categoría de petición que dé el asilo", apuntó la abogada Noemí Ramírez.

"Cuando Colombia tuvo su incremento de violencia, los colombianos estaban haciendo lo mismo, o pidiendo algún tipo de protección, como el TPS (Estado de Protección Temporal), pero el gobierno de Estados Unidos no considera que llega a ese nivel de guerra", indicó.

Casos especiales

Existen casos muy específicos donde el gobierno sí ha ofrecido el asilo por la "narcoviolencia" en México, como el de Marisol Valles, una joven de 20 años que era jefa de policía de un poblado de Chihuahua.

Pero esos casos son muy raros, recalcó Ramírez.

"Son casos en que se puede demostrar que están siendo perseguidos ellos, las personas, no que todo un pueblo esté sufriendo", mencionó.

Las probabilidades de que los mexicanos obtengan asilo en Estados Unidos son muy bajas y las que se otorgan son específicamente para grupos vulnerables como homosexuales, víctimas de tortura o mujeres maltratadas.

De los 21,113 asilos que el USCIS otorgó en 2010, solo 115 fueron para mexicanos. China fue el país que más beneficiados tuvo con 6,683, seguido por Etiopía con 1,093 y Haití con 832. De los países latinoamericanos fue Venezuela el que más protección de asilo tuvo con 660 y Colombia.

Al final, nadie quedó contento. Lo concreto es que mediante el acuerdo aprobado este martes en el Congreso  el país evita quedar en cesación de pagos de su deuda, lo que economistas dicen habría sido perjudicial para la calificación crediticia de la nación.  Además, expertos indican que esto habría repercutido negativamente ocasionando un alza en las tasas de interés de las hipotecas y todo tipo de préstamos.
El gran debate en Washington, a fin de cuentas, es acerca de quién ganó esta batalla. Lo seguro es que nadie salió indemne y todos se están sobando alguna herida.
El presidente Obama logró en parte lo que buscaba al conseguir levantar el tope de la deuda federal hasta más allá de las elecciones del 2012. Sin embargo, a pesar de que insistió repetidamente de que era necesario hacer cambios al sistema tributario para que en lo que la Casa Blanca llama el “enfoque balanceado”  se generaran más ingresos a las arcas fiscales, y por ende los más ricos y las corporaciones vieran un aumento en sus impuestos, los republicanos le ganaron la batalla y en el plan no está contemplado ningún aumento de impuestos. Toda discusión de cambios tributarios quedó postergada para más adelante.
Los demócratas más liberales están furiosos. Muchos votaron en contra del plan a sabiendas de que no podrían derrotarlo.  La mayoría opina que la Casa Blanca cedió mucho ante las presiones republicanas en no forzar el aumento de impuestos y en permitir que se recorte más de 1 millón de millones de dólares en programas federales. El hecho de que el seguro social, Medicare y Medicaid se salven de esta ronda de cortes no los consuela, porque están preocupados de que si no hay acuerdo en el Congreso más adelante, estos programas se verán afectados por recortes obligatorios, como parte del acuerdo que este martes se promulgó en ley.
Los republicanos más conservadores, especialmente los nuevos del Tea Party, tampoco quedaron completamente satisfechos. Aunque algunos analistas políticos los apuntan como los grandes vencedores de este debate debido a que lograron recortar futuros presupuestos federales y evitaron los aumentos de impuestos, no alcanzaron el objetivo de no permitir que el Congreso autorizara elevar el nivel de la deuda federal.
La gran batalla será más adelante este otoño, cuando el Congreso deba ratificar los recortes aprobados esta semana.

 

El Presidente Obama habló esta semana ante miles de representantes de la comunidad hispana en el marco de la conferencia en Washington del Consejo Nacional de la Raza, donde fue recibido cálidamente.  Aunque el discurso presidencial tocó varios temas desde la educación al actual debate sobre la deuda federal, fue el tema migratorio el que provocó las mayores reacciones. Y si bien el mandatario se lo tomó con humor aparentemente, no fueron las reacciones que la Casa Blanca preferiría, aunque presuntamente las esperaba.
Como era de suponerse, el Presidente tocó el tema de la reforma migratoria de la misma forma como lo ha venido haciendo desde que era candidato; reafirmando su irrestricto apoyo a arreglar el sistema y hacer realidad proyectos como el Dream Act. Sin embargo, en este discurso el Presidente pareció tener un tono más franco y directo, admitiendo que prometió alcanzar la reforma en su primer mandato, y solicitándole a la comunidad latina que siga presionándolo y a su partido sobre el tema. El punto culminante fue cuando volvió a insistir, como lo ha hecho anteriormente que por más que quiera él no puede cambiar las leyes o tomar decisiones ejecutivas para detener las deportaciones si el Congreso no actúa.
Fue este momento el que provocó mayores reacciones de la audiencia, que interrumpió ruidosamente al presidente en el podio respondiéndole “yes you can,” que él si puede y tiene la autoridad para detener las deportaciones, especialmente de inmigrantes sin record criminal o estudiantes indocumentados elegibles para el Dream Act. Fueron estos últimos quienes realizaron un nuevo acto de desobediencia civil, poniéndose de pie en pleno discurso alzando sus manos.  “Estamos cansados de escuchar los discursos sin ninguna sustancia. Por eso estamos aquí en protesta,” señaló Felipe Matus, uno de los estudiantes que asistieron al discurso.
Otras organizaciones hispanas también se mostraron decepcionadas con el discurso. La anfitriona, Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de La Raza, agradeció al presidente su presencia pero agregó que el mandatario se había quedado corto en su mensaje.  “Creo que dijo lo mismo de siempre pero por una  parte estoy un poco desilusionado, por lo que nos vino a decir es que no puedo hacer nada. Y eso no es lo que uno quiere escuchar de un presidente,” sentenció Arturo Vargas de NALEO.
La reacción general de estos representantes de nuestra comunidad sobre el tema migratorio no debería sorprender, porque reina un hastío y frustración general con la falta de acción federal, el poco ímpetu que el tema ha generado hasta hace pocos meses en el poder ejecutivo, y las iniciativas que giran hacia el otro extremo en el Capitolio federal y en capitolios estatales. Debe ser una voz de alerta de que el tema puede erosionar futuros apoyos electorales.

 

 

Bajo un fuerte y caluroso sol en el Jardín de las Rosas en la Casa Blanca, el Presidente Obama nombró este lunes 18 de julio a quien será el director del flamante Bureau de Protección Financiera al Consumidor. La creación de la nueva agencia federal es parte de la reforma financiera aprobada el año pasado por el Congreso en respuesta a la crisis de hace 3 años.
A partir de este jueves 21 de julio, la agencia pretende supervisar la forma en que la industria financiera ofrezca y otorgue hipotecas, tarjetas de crédito y otros tipos de préstamos, principalmente para evitar abusos como los que llevaron a la crisis hipotecaria. En esto último todos deberían estar de acuerdo. Evitar que mucha gente reciba o caiga en préstamos hipotecarios abusivos o imposibles de pagar podría ser la receta para evitar un desastre como la burbuja inmobiliaria de la última década.
Sin embargo la creación de esta nueva agencia no ha sido bienvenida por muchos sectores. Por un lado la industria bancaria y financiera se ha opuesto al nuevo bureau porque piensa que aumentará las regulaciones y que restringirá la oferta de nuevos instrumentos o productos financieros al público. La poderosa Cámara de Comercio de Estados Unidos expresó su preocupación sobre los amplios poderes regulatorios que tendrá la agencia. A ellos se les han unido los republicanos en el Senado, quienes quieren hacerle reformas a la agencia que aún no empieza a funcionar antes de confirmar a su nuevo director. La batalla política ya le costó el puesto de posible directora a Elizabeth Warren, quien ideó y ayudó a implementar la nueva agencia. El presidente debió nominar a un ex fiscal general de Ohio, Richard Cordray, como futuro director.
Pero más allá de la politiquería, la creación de esta agencia podría ser importante para el ciudadano común y corriente,  que quiere entender claramente la documentación de un préstamo o hipoteca que está solicitando o firmando; el consumidor que quiere comprar un coche y que no se le ofrezcan tasas de interés abusivas simplemente por ser miembro de una minoría racial. Vamos a ver qué ocurrirá en el mundo real, lejos del comidillo político en Washington, cuando la agencia empiece a funcionar.

 

 

Una nueva encuesta esta semana indica que los estadounidenses están profundamente pesimistas sobre el futuro económico de la nación. El sondeo Reuters/Ipsos dice que 63% de los encuestados piensan que el país va por el camino incorrecto, un 3% más que los que pensaban igual hace un mes.
Sin embargo, no todos los encuestados responsabilizan al Presidente Obama. Su nivel de aprobación  se mantuvo en un 49%, que francamente no debiera ser motivo de celebración para la Casa Blanca. El mes pasado exactamente la mitad de los encuestados todavía aprobaba el desempeño del mandatario. Pero su campaña de reelección debiera preocuparse por el aumento de votantes independientes que rechaza su labor al mando del gobierno; solamente el 39% aprueba su función.
Obama tiene un problema adicional. Porfiadamente y por un sinnúmero de motivos, el desempleo sigue sin descender. Aun más, la tasa de desocupación volvió a aumentar levemente a un 9.2% para la población general el mes pasado. Curiosamente, disminuyó a 11.6% para los hispanos, lo que sin duda son buenas noticias para nuestra comunidad. El principal problema para el gobierno sigue siendo la magra creación de puestos de trabajo, que sólo fue de 18,000 el mes pasado, muy por debajo de lo esperado.
Pero si no hay acuerdo sobre el tema de la deuda nacional y el déficit fiscal, y la economía continúa a tropezones y no se crean más empleos, los autores de la encuesta indican que el presidente tendrá problemas en noviembre del 2012.

El 2 de agosto próximo el gobierno supuestamente se quedaría sin dinero y tendría que dejar de hacer pagos, si es que el Congreso no aprueba elevar el límite legal de la deuda federal. Para variar, ambos partidos juegan a la ruleta rusa con la economía nacional y estirarán este debate hasta última hora. Por ahora, luego de la regañada pública que les dio el Presidente Obama la semana pasada, lo único que se ha logrado es que el Senado cancelara sus vacaciones esta semana del 4 de julio. La cámara de representantes ya estuvo libre la semana pasada por el mismo motivo. No será la primera vez que el público estadounidense aprueba la lógica idea de que el Congreso trabaje y delibere en vez de que senadores y congresistas se vayan a sus estados y distritos respectivos y no solucionen los problemas del país.
Y nuevamente para variar, ambos partidos tienen posiciones que se alejan de un acuerdo. Los republicanos rechazan cualquier idea de elevar los impuestos; propuesta muy popular por cierto, pero el gobierno debe tratar de aumentar sus ingresos junto con recortar los gastos. Otros quieren eliminar los subsidios de miles de millones de dólares a la agricultura y a las compañías petroleras, industrias que pasan por ahora por una sólida situación económica.
Pero economistas dicen que si el gobierno queda en una posición de no poder pagar sus cuentas, son los ciudadanos comunes, los pequeños empresarios, los empleados, los profesionales, los estudiantes, los retirados, los más perjudicados. ¿Por qué? Porque subirán las tasas de interés de todos los préstamos, y además el gobierno  federal podría dejar de enviar cheques, incluso posiblemente los del seguro social.
En fin, es hora de que ambos partidos se pongan las pilas y se dediquen a trabajar.

El Dream Act volvió al Congreso, esta vez al Senado, trayendo consigo la esperanza de entre 800,000 a 2 millones de estudiantes y jóvenes indocumentados que desean legalizarse. Para recordar, el Dream Act fue estrechamente derrotado en diciembre pasado cuando el Senado se quedó corto por cinco votos de los 60 requeridos para aprobar el proyecto. La Cámara de Representantes, todavía en poder de los demócratas, lo había aprobado días antes.
Pero a pesar del renovado entusiasmo mostrado por los estudiantes y activistas en estos últimos días, ahora que el proyecto volvió a ser presentado, ¿cuáles son las reales perspectivas de que sea aprobado? El panorama no podría ser más difícil.
La Cámara, ahora en firme control republicano, no muestra mayor interés por los llamados proyectos de reforma migratoria integral, que incluyan una legalización de indocumentados. Por ahora, lo único que avanza en la cámara baja en el Capitolio federal son propuestas de hacer cumplir las leyes migratorias, entre ellas el proyecto que haría obligatorio para todos los empleadores del país el uso de un sistema computacional del gobierno federal para verificar documentos de identidad y de trabajo. En el Senado también avanza un proyecto idéntico. Ambos tienen posibilidades reales de ser aprobados.
Por contraste, hasta ahora nadie en la cámara baja ha vuelto a presentar una versión 2011 del Dream Act, como ya lo hizo el Senador democráta Richard Durbin en la cámara alta. Es más, en el senado el proyecto todavía no cuenta con apoyo republicano, algo con que siempre contó en años anteriores. Eso y el ambiente político que nuevamente apunta a hacer de la inmigración indocumentada un tema electoral, le ponen el camino cuesta arriba al Dream Act.

El gobierno decidió la semana pasada hacerle algunos cambios al programa Comunidades Seguras que administra la agencia migratoria ICE. El programa se inició el 2008 y desde sus comienzos recibió criticas de parte de organizaciones que anhelan una reforma migratoria integral que legalice a los indocumentados. Comunidades Seguras tiene como meta distinguir a inmigrantes con historial criminal entre los detenidos por policías locales y estatales, mediante un sistema en que el FBI comparte las huellas digitales con las autoridades locales.
Las organizaciones pro-legalización de los indocumentados afirman que el programa aleja a los inmigrantes de los departamentos de policía local, al socavar la confianza de la comunidad inmigrante que prefiere no denunciar crímenes antes que llamar a la policía. El mismo ICE admite que casi un 30% de los deportados por el programa no tenían record criminal de ofensas graves.
A pesar de que el programa ya opera en unos 40 estados y que ICE quisiera tenerlo operativo en todo el país para el 2013, la presión política del Congreso sobre la administración Obama se ha hecho sentir en los últimos meses. Ante cifras que muestran que este gobierno ha deportado a más gente que ninguna otra administración, congresistas demócratas le pidieron al gobierno que hiciera una revisión interna, y recientemente el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) accedió a hacerlo en agosto. Partidarios del programa indican que una revisión interna no tiene mayor relevancia y que el programa ha cumplido sus objetivos.
Sin embargo, la mayor controversia ha estado en que estados y localidades entendieron al inscribirse en el programa que la participación era opcional y que podían retirarse si no estaban satisfechos con su funcionamiento. El gobierno insiste ahora que el programa no es opcional, y varios estados como Illinois, Nueva York y otros consideran seriamente retirarse.
Aunque ICE afirma que Comunidades Seguras ha servido para deportar a 77,000 inmigrantes con record criminal hasta abril de este año, la agencia decidió hacerle algunos cambios al programa. Ahora ICE le otorgará más discreción a las autoridades federales para decidir si un indocumentado representa realmente o no una verdadera amenaza a la seguridad pública. Tambien se creará un comité para estudiar la forma de evitar la deportación de personas que hayan sido detenidas por simples infracciones menores de tránsito y que no tengan historial criminal.
Pero opositores al programa argumentan que los cambios son insuficientes y que representan simplemente un maquillaje a un programa que separa familias.
Habrá que darle tiempo al tiempo para determinar si estos cambios servirán para apaciguar la verdadera rebelión de localidades y estados que amenaza con tener fuertes repercusiones legales.